La Inspección relaja los controles a la economía irregular a pesar de la crisis
El Ministerio de Trabajo ha rebajado en el último año las visitas a empresas relacionadas con actividades no regladas. Para este ejercicio, el Ejecutivo tampoco prevé aumentar las actuaciones.
Los planes de la Inspección de Trabajo no siempre se ajustan a lo previsto. Durante el año 2007, el Ministerio que entonces pilotaba Jesús Caldera se marcó como objetivo realizar 250.000 visitas a centros de trabajo para “controlar la economía irregular y el trabajo de extranjeros”. Pero finalmente, los datos –a los que ha tenido acceso EXPANSIÓN– muestran que el Departamento se conformó con mucho menos: realizó menos de 210.000, cerca de un 20% por debajo de lo presupuestado, a pesar de que el número de ilegales sigue aumentando. Tres años después de la regulación extraordinaria, el número de trabajadores sin permiso, según los expertos, ha vuelto a superar el millón de personas.
Llega 2008 y nuevos aires al Ministerio bajo el mandato de Celestino Corbacho. Pero los planes, sin embargo, vuelven a rebajar su ambición pese al citado aumento de los empleados en situación ilegal: durante este año, el Ministerio tiene previsto realizar 210.000 visitas a centros de trabajo para el control de la economía ilegal, lejos de las 250.000 –al menos previstas– en 2007 y de las 230.000 calculadas en 2006. Y, todo ello, en un entorno de crisis que por primera vez en 14 años ha pillado a la economía nacional.
¿Por qué se relajan las actuaciones? Los expertos achacan la caída a que, una vez completado el proceso de regularización al principio de la legislatura pasada, el Gobierno ha preferido mostrar cifras relativas al control del fraude fiscal no relacionado con este ámbito, descuidando así los empleos irregulares.
El Ministerio de Trabajo, sin embargo, echa mano de la calidad frente a la cantidad: tras admitir el descenso de las investigaciones, alega que “se han adoptado medidas organizativas para lograr mayor eficacia y obtener al menos 50.097 altas en la Seguridad Social y detección de infracciones por trabajo de extranjeros sin autorización”. No obstante, no ofrece ningún dato medidor de esa eficacia.
Los planes de inspecciones no se cumplen a pesar de que en España, según datos de la Comisión Europea, la economía sumergida alcanza el 23% del Producto Interior Bruto (PIB) nacional, según se desprende de un reciente informe de expertos independientes encargado por Bruselas. En España, en concreto, las actividades irregulares suponen más de 150.000 millones de euros anuales que escapan al control de Hacienda.
Este tipo de prácticas están aumentando en toda Europa, pero, de los siete estados (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, España, Suecia y el Reino Unido) estudiados en el entorno comunitario, España presenta la tasa más alta después de Italia con un 27,2% del PIB, y muy por encima de las estimaciones para la UE que varían ampliamente de un 3% hasta un 15% del PIB. En todos ellos, eso sí, trabajo ilegal “está aumentando”. (Expansión, 05-05-2008)
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Hacienda recauda 60 millones en investigaciones sobre la ruta de los billetes de 500 euros
El director de la Agencia Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, anunció en una entrevista concedida a Europa Press que la investigación de operaciones con billetes de 500 euros realizadas en los años 2003, 2004 y 2005, ha permitido al fisco recaudar "60 millones de euros hasta el 31 de marzo por autoliquidaciones extemporáneas" de contribuyentes investigados.
Esta cifra supera en 13 millones de euros la recaudación calculada a mediados del mes de febrero, que ascendía a 47 millones de euros.
Además, "en el mes de abril, se han seguido produciendo ingresos por parte de otros contribuyentes y en los próximos días van a seguir creciendo", avanzó Pedroche.
Según indicó, esta recaudación es causa directa de las pesquisas en marcha para investigar delitos fiscales relacionados con el uso de billetes de 500 euros en unas 12.000 operaciones desde 2003. Así, el director de la AEAT precisó que estas declaraciones extemporáneas corresponden a contribuyentes a los que se les ha hecho algún tipo de requerimiento para que justifiquen el uso de estos billetes.
Además, el director de la Agencia Tributaria aseguró que "prácticamente se ha concluido la primera fase de investigación" de las 4.195 operaciones correspondientes año 2003 que fueron objeto observación, de las que entre el 60% y el 70% son sospechosas de estar relacionadas con algún fraude.
Los posibles delitos cometidos a través de estas operaciones prescribirán el próximo 31 de junio, trascurridos cuatro años de la debida declaración de IRPF o Impuesto sobre Sociedades. Así, Pedroche precisó que, dada la urgencia, la Agencia ha dedicado los últimos tres meses a investigar cada una de estas operaciones.
Esto ha permitido, detectar movimientos en los que se entiende que ha habido un incumplimiento tributario. "En algunos de estos casos, ya se ha iniciado una inspección. Otras las vamos a iniciar durante el mes de mayo", anunció Pedroche.
"Del proceso que hemos llevado a cabo se irán concluyendo actas de inspección, que tiene un periodo de maduración cercano a los 12 meses en los casos más complejos. Por tanto, estamos concluyendo alguna de ellas", dijo.
(Cinco Días, 04-05-2008)
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Vivienda diseña un plan anticrisis que incluye nuevas rebajas fiscales
El Gobierno busca soluciones para remontar la crisis de la construcción y de la promoción inmobiliaria en España. El Ministerio de Vivienda ha ideado una serie de medidas nuevas para animar el sector de la rehabilitación de inmuebles a través de ayudas directas estatales e incentivos fiscales. La rehabilitación de viviendas mueve mucha mano de obra, según los sindicatos y la patronal.
El plan urgente que ha diseñado el equipo de la nueva ministra Beatriz Corredor será analizado el próximo jueves en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, presidida por el vicepresidente Pedro Solbes y de la que forman parte todos los ministros con competencias en áreas económicas.
Corredor ha apostado por la rehabilitación de viviendas y la inversión en barrios degradados como receta para la nueva etapa, dominada por un estancamiento de los precios en España (entre marzo de 2007 y marzo de 2008, las viviendas subieron un 4%, cinco décimas menos que el IPC), una caída notable en las compraventas (24,4% en febrero pasado, según el INE), un fuerte stock de casas nuevas que las inmobiliarias no son capaces de colocar en el mercado, un crecimiento del paro en la construcción muy importante (en el primer trimestre de 2008 se destruyeron 70.300 empleos en el sector) y unas perspectivas muy poco esperanzadoras.
El Ministerio de Vivienda quiere apoyarse en tres grandes pilares para encarar el problema: potenciar la construcción de pisos protegidos (los de precios más baratos), fomentar el alquiler, agilizando la concesión de las ayudas de la renta básica de emancipación reguladas por un decreto del año pasado, e impulsar con ayudas directas y ventajas fiscales la rehabilitación.
El plan del ministerio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, establece la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal y de la Ley de Arrendamientos Urbanos en lo referido al quórum necesario para la adopción de acuerdos y al concepto de obra necesaria y urgente.
Además, señala estos incentivos para impulsar la rehabilitación y, de paso, la contratación de trabajadores del sector de la construcción:
Ayudas fiscales. En la legislación actual ya existen deducciones en el IRPF por rehabilitación de vivienda habitual. El real decreto ley de medidas de impulso a la actividad económica, aprobado el pasado 21 de abril, establece en su disposición final segunda: "En el plazo de tres meses el Gobierno llevará a cabo las modificaciones necesarias en la regulación reglamentaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas para regular el concepto de rehabilitación de vivienda, cuando tenga por objeto la reconstrucción de la misma mediante la consolidación y el tratamiento de las estructuras, fachadas o cubiertas y otras análogas". Corredor defenderá ante Solbes la necesidad de explorar una elevación del porcentaje de deducción, y que en lugar del 15% -el que se aplica para adquisición de vivienda habitual-, sea del 20% cuando se trate de "rehabilitación de vivienda habitual".
Además, el plan del ministerio también pretende extender la deducción fiscal por rehabilitación a viviendas no habituales siempre que se destinen al alquiler, con lo que el departamento de Beatriz Corredor intenta lograr un doble objetivo: fomentar las obras de rehabilitación y la oferta de viviendas en alquiler. En la actualidad ya existen ayudas directas de Vivienda -máximo 6.000 euros- para rehabilitación de casas siempre que éstas se destinen al alquiler.
El ministerio también pretende que las ayudas por obras de rehabilitación se extiendan a inmuebles que acometan reformas para mejorar su eficiencia energética o para adaptarse a las necesidades de discapacitados y ancianos.
Centros históricos y barrios degradados. El Gobierno, que ha acelerado la licitación de obra pública como una medida para combatir la crisis económica, también quiere impulsar acuerdos con ayuntamientos para la rehabilitación de barrios degradados y cascos históricos como método para animar la construcción. Vivienda quiere establecer fórmulas de colaboración de promotores privados con la iniciativa pública para acometer obras de rehabilitación de barrios. También prevé financiar obras en ciudades españolas declaradas Patrimonio de la Humanidad y gestionar la obtención de ayudas internacionales para las mismas.
(El País, 05-05-2008)
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Los inversores inmobiliarios extranjeros huyen de España
Los ladrillos españoles ya no parecen lingotes de oro. El Ministerio de Vivienda constató, en la presentación de sus últimas estadísticas oficiales, que los extranjeros no residentes en España compraron durante 2007 9.076 viviendas, un 47,3% menos que en 2006 (17.222). Además, el número de inmuebles comprados por inversores foráneos con residencia en España fue de 86.528, un 19,7% menos que las 106.730 adquiridas en 2006, según constata Vivienda. Más allá de la crisis financiera y de los precios, cuatro son las causas principales de que los inversores internacionales rechacen ahora ubicar sus segundas residencias en la costa española, antaño un auténtico manantial para los cazadores de rentabilidad:
La corrupción. “Existe un cierto temor ante los supuestos de corrupción urbanística que en los últimos tiempos se vienen destapando en los municipios del litoral mediterráneo”, señala Lucio Rivas, técnico urbanista y socio del bufete Urbe Asesores. Ese recelo se basa en que no existen garantías de que la viabilidad de los suelos afectados cuente con todos los parabienes legales, “ya que determinadas reclasificaciones pueden obedecer a criterios de corrupción, que son destapados por los jueces, y no a motivos legales suficientemente claros”, añade.
Las trabas medioambientales. En este ámbito entraría, por un lado, la volatilidad de muchos informes de impacto ambiental, que retrasan la urbanización en épocas de difícil acceso a la financiación. Su uso, incluso, deja en ocasiones fuertes sospechas de contaminación política. Además, el medioambiental es un ámbito íntimamente ligado con la corrupción urbanística, ya que “existe bastante temor a que determinados suelos, que han obtenido las oportunas autorizaciones administrativas para ser desarrollados, tengan impedimentos urbanísticos por tener la consideración bien de zonas verdes, bien equipamientos o bien no sean en realidad susceptibles de aprovechamiento lucrativo privado”, señala Rivas. Es decir, tal y como ha sucedido en Marbella, por ejemplo.
El agente urbanizador. “Asusta, y mucho”, opinan desde Urbe Asesores, refiriéndose a la perplejidad que esta figura ha motivado en Reino Unido, ya que supone “la facultad de urbanizar y desarrollar urbanísticamente un ámbito por quien puede no ser propietario”. Esta institución que acuñó por primera vez la Comunidad Valenciana en 1994 “no se entiende bajo ningún concepto en el ámbito anglosajón en particular, y europeo en general, donde la propiedad cuenta con un profundo arraigo y es un derecho inalienable, por lo que es de difícil comprensión que una legislación de carácter sectorial, como la del urbanismo, se atribuya la potestad de proceder a desmantelar la idea de la propiedad romana”, apunta Lucio Rivas.
La burocracia. “Resulta tremendamente incomprensible la duplicidad y descoordinación de las diferentes administraciones públicas concurrentes en el fenómeno urbanístico, que en muchas ocasiones mantienen criterios divergentes y hasta opuestos”, critica Rivas. “Este solapamiento competencial genera una tremenda inseguridad, ya que, en muchas ocasiones, resulta incomprensible el hecho de que contar con una licencia para edificar otorgada por una administración pública no sea una garantía absoluta”, ahonda Rivas. Puede, incluso, que un Gobierno regional, por ejemplo, reclame autorizaciones complementarias sobre una actuación urbanística local que ya había dado el pistoletazo de salida.
(Expansión, 05-05-2008)
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